Banco de Miami reportó al Tesoro a magnate chavista de la construcción, Archivos del FinCen por Aria Velasquez

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La familia del empresario venezolano está vinculada con propiedades millonarias del sur de la Florida. Él importa caballos purasangre de Kentucky, tiene inversiones en una mina de oro gigante y disfruta de lucrativos contratos de construcción otorgados por un gobierno al que Estados Unidos está tratando activamente de excluir del sistema financiero internacional.

Y sin embargo, diplomáticos occidentales dicen que no han escuchado su nombre. No figura en ninguna de las listas de sanciones estadounidenses, aun cuando está entre un puñado de empresarios que han amasado una gigantesca fortuna bajo los regímenes de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. Los venezolanos tienen un nombre para ese tipo de empresarios, les llaman boliburgueses en un juego de palabras que hace referencia a la nueva burguesía que surgió bajo la sombra de la denominada “revolución bolivariana” de Venezuela. Ceballos, de 62 años, dirige junto a sus hermanos un gran negocio de la construcción a través de su principal empresa, Inversiones Alfamaq. La compañía realiza proyectos de obras públicas y construye viviendas gubernamentales en Venezuela.

La empresa familiar, de tercera generación, es anterior a los gobiernos socialistas de Venezuela. La familia restauró el hipódromo más conocido de Venezuela, La Rinconada, y participa activamente en el hipismo en su país y en Estados Unidos, a través de su empresa Grupo 7C Racing Stable. Uno de sus caballos, Majesto, compitió en el Kentucky Derby en el 2016, terminando en el puesto 18 de 20. Ese mismo año Alfamaq, y sus socios con direcciones de Miami, invirtieron alrededor de $34 millones para adquirir una participación de aproximadamente el 10% en la canadiense Gold Reserve Inc. que aspira desarrollar una mina de oro gigante en el estado Bolívar pese a las sanciones estadounidenses al sector aurífero venezolano. Y la familia Ceballos ha entrado en sociedad con un casino en Panamá.

 

ENTRANDO EN EL RADAR

Ceballos ha evitado llamar la atención de los gobiernos de Obama y de Trump, que sucesivamente endurecieron las sanciones contra el gobierno socialista de Caracas adoptando en los últimos años castigos individuales contra altas figuras del régimen y contra sus socios empresariales en la gran fiesta de corrupción que le ha costado a la nación sudamericana decenas de miles de millones de dólares.

Pero un banco de Miami consideró que era arriesgado hacer negocios con el magnate venezolano y su familia. El banco presentó a los reguladores dos informes de actividades sospechosas (SAR por sus siglas en inglés), que detallan transacciones por aproximadamente $262 millones entre abril del 2013 y enero del 2014 realizadas entre bancos y compañías offshore que el banco sospechaba estaban controladas por el clan Ceballos.

McClatchy, el Nuevo Herald y Miami Herald obtuvieron los SAR relacionados con la familia Ceballos como resultado de una masiva filtración de documentos bancarios secretos obtenidos originalmente por el portal de noticias BuzzFeed News. Buzzfeed compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que agrupó a un enorme equipo de periodistas de investigación que por más de 16 meses participaron en el proyecto llamado los “Archivos del FinCen”.

Tal como ocurrió con los Papeles de Panamá en el 2016, los Archivos de FinCEN muestran la vulnerabilidad del sistema financiero internacional a las operaciones de lavado de dinero, a menudo a través de empresas de maletín, o fantasma, establecidas en el extranjero. Los documentos también confirmaron que Miami sigue siendo un punto de acceso al lavado de dinero, especialmente cuando se trata de fortunas provenientes de Venezuela, cuyo régimen es hoy un enemigo geopolítico de Estados Unidos. El proyecto descansa sobre más de 2,100 SARs, a los que tuvieron acceso unos 110 medios de comunicación de 88 países.

Los documentos confidenciales develan operaciones sospechosas por más de $2 billones (trillones en inglés) reportados por los bancos y otras empresas financieras ante la Red Contra Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro, entidad encargada de detectar las operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. FinCEN declinó responder las preguntas de los periodistas del proyecto sobre el contenido de los documentos bancarios confidenciales, pero en su portal de internet emitió una dura advertencia: “la divulgación no autorizada de los SARs es un delito que puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar a la seguridad de las instituciones y de las personas que presentan tales informes”.

Y agregó: “FinCEN ha remitido este asunto al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”. Un SAR no representa por sí solo una prueba de actividad criminal, pero puede dar lugar a investigaciones judiciales. Ceballos y ningún miembro de su familia han sido acusados de haber cometido algún delito. El SAR inicial de Ceballos fue presentado por la sucursal de Miami del banco portugués Espirito Santo que operaba desde un edificio en la avenida Brickell. Más de $100 millones de Ceballos fluyeron a través de esa sucursal de Espírito Santo antes de que el banco fuera investigado por lavado de dinero por parte de las autoridades de Estados Unidos y de Portugal, que eventualmente cerró la sucursal de Miami.

Los SARs son requeridos bajo la Ley de Secreto Bancario, y los reguladores advierten por escrito en los formularios que el contenido de los informes es confidencial y que presenta alegaciones no comprobadas de posibles actividades ilícitas.

El informe inicial presentado por el banco de Miami en el 2013 identifica $206 millones en transacciones provenientes de firmas vinculadas a miembros de la familia que un funcionario, o varios funcionarios, de la entidad financiera consideraron potencialmente problemáticas. “El SAR fue presentado para documentar las sospechas del banco sobre el origen de los fondos derivados de los pagos del gobierno venezolano; la posible relación con actos de corrupción extranjera; un uso inusual de múltiples cuentas; fondos enviados a jurisdicciones de alto riesgo y transferencias electrónicas sospechosas; documentación cuestionable o aparentemente falsa; prensa negativa sobre los propietarios [nominales y reales]; y posible asociación con personas en Venezuela bajo examen por la aparente desaparición de fondos”, declara el informe. La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y un programa gubernamental de alivio social llamado Misión Che Guevara aparecen entre las entidades que pagaban enormes sumas a las empresas de Ceballos, canalizadas a través de una empresa de maletín registrada en Londres.

Ceballos no respondió a las solicitudes de entrevista del consorcio de periodistas, ni respondió preguntas detalladas enviadas por escrito en agosto. En un correo electrónico, citó dificultades para acceder a los documentos que necesitaba por causa de la cuarentena por el COVID-19 en Venezuela. “En vista de lo siguiente confirmo la imposibilidad de atender sus solicitudes en el tiempo especificado”, dijo el empresario antes de agregar: “confirmo la consideración que se le debe a los periodistas por su arrojo, valentía y ética, siempre que su trabajo tenga respeto por la verdad como su verdadero norte”.

Ceballos no respondió a correos electrónicos posteriores que ofrecían extender el plazo para una respuesta y una lista de preguntas de seguimiento que no requerían acceso a archivos y documentos. Se desconoce si hubo otros intercambios con los reguladores después del informe del banco sobre las transacciones. El SAR original fue modificado varias veces para convertirse en un “Informe Continuo de Actividad Sospechosa”. Al menos hasta el 2014, las actividades bancarias del clan Ceballos a través del banco Espirito Santo fueron notificadas al FinCEN. El Departamento de Justicia en los últimos años ha abierto juicios contra empresarios bajo sospechas de participar en esquemas de corrupción vinculados al sector energético, una de las pocas fuentes de moneda dura que le queda al país.

Después de las sanciones contra PDVSA en el 2019, quienes trabajan con PDVSA corren el riesgo de convertirse en blancos de sanciones y enjuiciamientos por fraude. La vinculación de Ceballos con PDVSA y otras entidades gubernamentales venezolana parece haber sido uno de los factores que llamaron la atención de los funcionarios del banco a cargo de velar por el cumplimiento de las normas financieras. 00:00 02:39 ‘FinCEN Papers’: una investigación liderada por el ICIJ Los documentos confidenciales filtrados en los llamados «FinCEN papers» son el equivalente financiero de informes de inteligencia no confirmados.

 

COMPAÑÍAS DE MALETÍN

El informe del Espirito Santo dijo que la familia Ceballos abrió una cuenta corriente comercial en el 2012, a través de una empresa de maletín con sede en el Reino Unido llamada Sarleaf Limited, señalando que la “estructura se creó por motivos de seguridad para proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela”.

El informe enumeró como beneficiarios de la cuenta corriente no solo a Ceballos y a su hermano Javier Francisco, sino también a sus hermanas, Luz Marina, Zoraida Josefina, Maura Virginia, y a su madre y matriarca, Maura Betty. Las empresas de maletín extraterritoriales pueden servir tanto para fines legítimos como ilícitos y el banco dijo que estaba preocupado por los accionistas nominales que fueron designados para tomar decisiones sobre la empresa fantasma. Algunos de ellos eran abogados suizos de la firma Helvetic Services Group, que habían aparecido en artículos de prensa que los vinculaban a supuestas operaciones de lavado de dinero en nombre de Néstor y Cristina Kirchner, la pareja que se turnaba para presidir a Argentina entre el 2003 y el 2015. El propósito aparente de la cuenta, señala el SAR, era recibir fondos del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social de Venezuela y la Misión Che Guevara, creada para desarrollar viviendas subsidiadas para el beneficio de los pobres de Venezuela.

Parte del dinero también se destinó a pagar a los proveedores chinos de tubos de acero industriales y también se utilizó como vehículo de inversión, según el informe. La familia Ceballos vivió en Colombia durante la década de los sesenta, donde su padre dirigía un exitoso negocio de construcción. Cuando murió, los familiares regresaron a su Venezuela natal y la hermana y Maura Betty trabajaron juntas en el mismo grupo de empresas constructoras.

Un hermano mayor, Nelson, asumió la cabeza de la familia, y luego de su muerte fue sucedido por Alejandro, quien en el momento en que los informes bancarios fueron elaborados supervisaba las operaciones de construcción y las carreras de caballos.

Los proyectos de obras públicas en Venezuela llamaron la atención de los funcionarios del banco de Miami. Las empresas Ceballos remodelaron un gran estadio deportivo cubierto en Caracas llamado Poliedro de Caracas. Otra empresa de Ceballos, Maple View Limited, constituida en Nueva Zelanda, importó viviendas de acero de Brasil para su uso en unidades de vivienda social subsidiadas por la Misión Che Guevara. “Los contratos proporcionados para corroborar la actividad entrante eran cuestionables y suscitaron numerosas preocupaciones que incluían la ausencia de fechas, diferencias con las medidas de los edificios que se están construyendo, comentarios contradictorios dentro de los contratos, fondos entrantes […] diferencias en las especificaciones de las tuberías y cronogramas de pago defectuosos relacionados con los contratos”, advirtió el informe. El informe del banco también resaltó la existencia de artículos publicados por la prensa venezolana acusando a Ceballos de entrar en sociedad con altos funcionarios del gobierno venezolano para malversar dinero.

“Existe preocupación por la negativa cobertura de prensa sobre Alejandro Andrés Ceballos, refiriéndose a asociaciones con el ministro del Interior venezolano, Rodolfo Sanz, y la supuesta apropiación indebida de $500 millones en fondos gubernamentales por parte de ese ministro”, dijo el SAR. “Hay más cobertura de prensa sobre Alejandro Ceballos y su participación en un grupo que recibió $120 millones en honorarios profesionales en un contrato cuestionable con una empresa china”. Sanz era ministro de Industria Básica y Minería cuando el entonces presidente Hugo Chávez ordenó en abril del 2008 la nacionalización de la siderúrgica privada más grande del país, Sidor, y nombró a Sanz presidente de la empresa recién expropiada. Un año después, Chávez nacionalizó la enorme mina de oro Brisas mientras Sanz todavía seguía siendo ministro.

Ceballos, en un blog de la empresa, desestimó las acusaciones sobre sus vínculos con Sanz En 2016, Ceballos lideró un grupo de familiares y socios comerciales para tomar una participación de aproximadamente el 10% en Gold Reserve Inc., la compañía canadiense que durante mucho tiempo ha poseído derechos mineros que espera explotar algún día. La empresa había llegado a un acuerdo con el régimen para regresar a Venezuela después de que sus operaciones fueran confiscadas mediante un arbitraje internacional Los nuevos inversionistas en la operación, con domicilio en Doral, Florida, incluían proveedores de Alfamaq, la familia de la tercera esposa de Ceballos y una prominente familia venezolana que tenía vínculos previos con la mina. Después del anuncio del acuerdo sobre la mina, “Alejandro Ceballos se acercó a Gold Reserve con el deseo de realizar una inversión en la Compañía”, dijo Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, en un comunicado. “En mayo del 2016, la Compañía cerró una colocación privada con un grupo de inversionistas venezolanos de 8.5 millones de acciones a $4 por acción.

Como resultado del regreso de Gold Reserve a Venezuela en el 2016, reiniciamos algunos de los programas sociales que habíamos realizado entre 1992 y 2008 en el área del proyecto minero”. Esto incluyó la remodelación de escuelas, canchas de recreación, una iglesia y un centro de salud. “Este trabajo se completó en el 2018. Con las sanciones internacionales vigentes, la compañía no ha realizado más proyectos de construcción en la comunidad local cercana al proyecto minero, pero si se levantaran las sanciones y se reanudaran los programas sociales, consideraríamos usar Alfamaq nuevamente como contratista local para este trabajo”, dijo Belanger.

 

VIVIENDAS VACÍAS

El año pasado, una comisión de auditoría de la Asamblea Nacional venezolana comenzó a investigar una supuesta transferencia de tierras fraudulentas. Allí, el alcalde de la localidad Simón Bolívar, municipio de San Francisco de Yare, vendió terrenos públicos a Ceballos y otros dos empresarios a precios extravagantes.

El lugar resultó ser el sitio de un reciente proyecto de Ceballos de alto perfil en Venezuela que involucra viviendas públicas en San Francisco de Yare. Los reporteros de Armando.info, una organización de noticias de investigación venezolana, visitaron los edificios erigidos por las empresas Ceballos a 40 millas al sur de Caracas y los encontraron sin agua potable y algunos estaban abandonados. “Hay muchos apartamentos vacíos, es gente que se ha ido”, dijo Selena Ramírez, de 69 años, quien se mudó con su hija y su nieto de 11 años que necesita silla de ruedas y no habla. “Algunos han sido saqueados. Se ha llevado todo. Dicen que algunos se vendieron en dólares. ¿De dónde se obtienen dólares aquí?”.

Un SAR del Banco Espirito Santo dijo que la compañía offshore de Ceballos, Sarleaf, debía ser usada para pagar los materiales de construcción, pero señaló que aproximadamente $52 millones se destinaron a cuentas de otras compañías de Ceballos, incluida una cuenta que explícitamente era para los gastos personales de Alejandro Ceballos. Alrededor de otros $6 millones fueron a cuentas pertenecientes a personas vinculadas a la familia. “Si bien las transferencias a personas y a empresas de Ceballos están en línea con el propósito de las cuentas, los montos en dólares son considerados excesivos y los fondos se transfirieron fuera de la cuenta, dentro de los dos días posteriores a la recepción de grandes depósitos”, uno de los informes anotados. “Además, el propósito de estas transferencias estaba indeterminado”.

Los informes también señalaron que parte del dinero para el proyecto parecía provenir de PDVSA, pero en realidad debieron de haber venido de la empresa italiana Energy Coal, que había ganado un contrato de $126 millones para el proyecto. Más tarde, una investigación del gobierno venezolano descubrió que carecía de la experiencia y se subcontrató a Sarleaf, el caparazón de Londres controlado por la familia Ceballos. En un curioso giro, otros SARs muestran por separado que Energy Coal es propiedad de Oleksander Yanukovych, el hijo del ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych. El padre era cliente de Paul Manafort, el ahora condenado jefe de la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016. Las autoridades sospechan que Viktor Yanukovych y su familia robaron millones de los fondos públicos de Ucrania utilizando una red de empresas fantasma, incluida, según algunos SAR, tales como Energy Coal.

 

MIAMI SPICE

Los registros en Estados Unidos muestran que la familia es dueña de varias compañías y propiedades de importancia en el Sur de la Florida. Los registros de la División de Corporaciones de Florida, por ejemplo, muestran que tanto Javier Francisco como Luz María Ceballos aparecen como gerentes de varias empresas registradas en el estado.

La dirección que aparece debajo de sus nombres en estas diferentes empresas se encuentra en el elegante barrio de Jockey Circle en Davie. Compañías online de bienes raíces estiman que la casa de ocho habitaciones en el 2701 Jockey Circle está valorada en más de $2 millones.

Los registros de propiedad muestran que la casa, ubicada no lejos del hipódromo Gulfstream Park, donde compiten sus caballos de carrera, fue comprada el día de Año Nuevo del 2012 por $1.3 millones.

Documentos desenterrados en los registros públicos, por otro lado, muestran que Ceballos obtuvo una hipoteca a corto plazo en el 2017 por un monto no especificado. Pero el venezolano no solicitó un préstamo bancario convencional, sino que obtuvo un préstamo en efectivo de la firma 1250916 Ontario Ltd.

Esa empresa es propiedad de un emigrante de la era soviética con una mansión en los suburbios de Toronto que ofrece préstamos con altos intereses a corto plazo a prestatarios que buscan evitar la documentación más rigurosa requerida por los bancos.

Ceballos canceló la hipoteca el pasado mes de abril. La fecha límite había sido mayo del 2019. La casa en la Florida es modesta en comparación con la mansión de cuatro pisos que la familia tiene en el lujoso barrio Alto Hatillo en Caracas.

Cuando Gold Reserve firmó su acuerdo de conciliación con el gobierno venezolano, Ceballos realizó una celebración en la mansión, dijo un ex empleado de Ceballos a los periodistas de Armando.Info. Jesús, el hijo de Ceballos, es un artista conocido en Venezuela integrante del famoso grupo de reggaetón Jesús y Yorky. Sus vibrantes videos de baile se graban en mansiones, en yates y presentan muchos de los estereotipos de los ostentosos nuevos ricos de Venezuela.

El imperio Ceballos también se ha cruzado con otra figura del turbio mundo de las finanzas latinoamericanas, Diego Marynburg, quien según los medios de comunicación colombianos está siendo investigado por el Departamento de Justicia por presuntamente ayudar al régimen de Maduro a ocultar millones. Los registros británicos muestran que la fima de Ceballos, Sarleaf, cambió su nombre a Steeleaf International Limited en el 2015. Al año siguiente, Steeleaf depositó $15 millones en la sucursal del Banco del Orinoco en Curazao.

La mayor parte de ese depósito provino de la venta de bonos del gobierno venezolano a través del empresario argentino-israelí Marynburg y su empresa Mercantil Valores Agente de Valores.

Artículo escrito por Aria Velasquez, todos los derechos reservados.